Padrastro de Nicol enfrenta despido tras buscar incansablemente a la menor desaparecida en La Lima

En La Lima, Cortés, una familia vive una doble tragedia: el asesinato de Nicol Sarahí Villeda Velásquez, de 13 años, y la pérdida del empleo de su padrastro, Don Roberto, quien dejó de asistir a su trabajo para unirse a la búsqueda desesperada de la menor.

Este caso, además de conmocionar a la comunidad, pone en evidencia las dificultades que enfrentan las familias víctimas de crímenes violentos en Honduras, donde las tragedias personales a menudo se entrelazan con problemas sociales y laborales.

Don Roberto es un padrastro ejemplar

Don Roberto crió a Nicol desde que tenía dos años, y aunque no era su padre biológico, la relación que forjaron fue la de un verdadero padre e hija.

“Un padre no es solo el que engendra, es el que cuida”, afirmó Don Roberto al describir su amor y compromiso con la menor. Sin embargo, esta conexión no fue suficiente para que su empleador entendiera su necesidad de ausentarse durante los días de búsqueda.

Según relató, su jefe le notificó que ya no podían seguir esperando por él, argumentando que no tenía respaldo legal para ausentarse, al no ser el padre biológico de Nicol.

“Prácticamente me están despidiendo”, explicó Don Roberto, calificando la decisión como un despido indirecto. Este hecho ha añadido una carga emocional y económica a una familia que ya enfrenta el devastador impacto de perder a un ser querido de manera violenta.

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La desaparición y hallazgo de Nicol

El caso de Nicol inició el domingo pasado, cuando desapareció mientras se dirigía a la casa de una tía para un festejo familiar. Testigos reportaron haber escuchado un grito en la zona, pero no lograron identificar lo que ocurrió.

Luego de días de intensa búsqueda, el cuerpo de la adolescente fue encontrado el jueves en el patio trasero de otra tía, en un terreno cerrado con candado.

“Dicen que no saben cómo llegó el cuerpo ahí porque el portón siempre está cerrado”, expresó Don Roberto, quien exige a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

Un sistema que no siempre protege a las víctimas

El caso de Don Roberto no es único en Honduras, un país donde la violencia y la inseguridad han marcado a muchas familias.

Las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señalan que en promedio, cada día, al menos una mujer o niña pierde la vida de forma violenta en el país.

Este tipo de tragedias no solo afecta emocionalmente a las familias, sino que también genera consecuencias económicas y laborales, dejando a las víctimas sin redes de apoyo en un momento crítico.

Por ejemplo, en 2019, el caso de la joven Keyla Martínez, quien fue asesinada en La Esperanza, Intibucá, también generó indignación a nivel nacional. Su familia denunció que además de enfrentar la pérdida, tuvieron que lidiar con gastos judiciales y una constante falta de apoyo institucional.

De manera similar, en 2021, la desaparición y asesinato de Angie Peña, una joven de Roatán, provocó debates sobre la falta de protocolos efectivos de búsqueda y el impacto en las familias afectadas.

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La necesidad de un cambio estructural

El caso del padrastro de Nicol pone en evidencia una problemática recurrente en Honduras: la falta de políticas laborales flexibles y humanitarias que respalden a los trabajadores en circunstancias excepcionales.

Aunque el Código del Trabajo permite ciertas licencias en casos de emergencia, muchas empresas no aplican estas disposiciones, dejando a los empleados en una situación de desamparo.

Además, se suma la necesidad de reforzar los sistemas de protección para las familias víctimas de crímenes violentos. Esto incluye desde apoyo psicológico y económico hasta asistencia legal y mecanismos que permitan a las familias mantener una estabilidad laboral durante los procesos de búsqueda y duelo.